No somos alemanes.


Un empresario tiene un amigo en un cargo decisorio del gobierno nacional, regional o local; alguien del partido de gobierno con quien establecer una relación de negocios discreta y confiable, y que tiene otras “responsabilidades”, como contribuir a las finanzas de su organización, no solo con una cuota de su sueldo, sino canalizando otros aportes, en una sinergia de contratación de bienes o servicios diseñada convenientemente a la medida de las empresas amigas, fragmentando los montos para evadir otras autorizaciones y ser congruente con el poder económico de dichas empresas, imponiendo requisitos de experiencia y especialidad, así como de presencia local, involucrando a otras empresas para realizar un concurso privado cuyo ganador será una de éstas, sabiendo que en realidad son del mismo propietario, aunque también pueden ser de diversos empresarios que participan, turnándose las asignaciones y repartiéndose el coto administrativo público donde les ha tocado la suerte de actuar.

Parte de lo percibido por cada empresa revierte al “amigo” gobernante, para que éste lo canalice a las finanzas de su organización, quedándose con algo en los bolsillos, dejando así a todos contentos, excepto el contribuyente, el ciudadano cuyos impuestos se están malversando para financiar organizaciones políticas y hacer rico a quien, sin tener escrúpulos para estas porquerías, está en el lugar y momento correctos.

Encarecer por ello todo lo contratado por el Estado es uno de los efectos de la corrupción, junto a la progresiva degradación de la función pública y la privada -quienes corrompen y quienes se dejan corromper- y el poner una barrera a la competencia real entre empresas, crear carteles de precios, o eliminar cualquier posibilidad para democratizar el capital que pueda irse generando con el trabajo de los ciudadanos, aunque esto es solo un asomo de un problema con escenarios múltiples, como cuando el corrupto impone un pago anticipado que, de acuerdo al país y a su grado de desorden público, va desde el 1% hasta el 30%; la empresa contratada paga antes de cobrar el acostumbrado anticipo, que le daría el flujo de caja para abordar los trabajos, y si el funcionario cambia de cargo, y su sucesor viene con ideas similares y amigos diferentes, entonces la empresa deberá repetir con éste el mismo juego, renegociar y aumentar los montos, o abandonarlo todo. El ciudadano pierde, por lo carísimo que resulta cada contratación o porque parte del dinero se ha ido a llenar otros bolsillos sin haber realizado obra alguna. El gobierno de turno también podrá hacerse la vista gorda para que el partido no pague las facturas telefónicas de la respectiva empresa estatal, alquilando autobuses para movilizaciones y  creando facturas que justifiquen esos gastos con otros asuntos inventados, utilizando vehículos públicos o incluso aviones de las empresas estatales y de las fuerzas armadas para movilizaciones particulares o colectivas que nada tienen que ver con las funciones públicas. Hay centenares de variantes, y todas horribles para el ciudadano.

En los países más o menos serios, el enriquecimiento ilícito de los funcionarios se combate con un control de su renta, porque el dinero debe tener una procedencia legal, por ello los sofisticados mecanismos que los corruptos van inventando cada día para blanquear su dinero sucio, o por lo menos tenerlo bien resguardado en paraísos fiscales y secretos, con lo cual deben esmerarse en sacarlo de su país sin que las autoridades se percaten. Además, las formas de financiamiento partidista son parte esencial de cada democracia occidental, esto es, si se permite financiamiento público -prohibiendo el privado- o solo privado -con o sin limitaciones de montos y personas naturales o jurídicas-, o si se permiten ambos, definiendo así qué es legal y qué no lo es, y en consecuencia si quienes desean dedicarse a la política deben tener riqueza propia o si ésta actividad está más o menos abierta a todos. Cuestión de opciones en cada país, aunque en todos ellos lo comentado al inicio siempre será ilegal, aunque muchas veces prescriba antes de ser descubierto, o de serlo, difícilmente habrá la cárcel o devolución de lo robado. Cosas de la democracia moderna y de las leyes laxas que lo permiten.

Aun así, en los países serios, quienes son pillados, o son sospechosos de estas cosas, tienen que dimitir y ser juzgados; y hasta dimiten porque plagiaron su tesis de doctorado, e incluso se suicidan, si son japoneses. Pero eso no pasa en países como España, o Italia, y menos en Venezuela, donde nadie dimite por estas cosas, ni se avergüenza por brincar talanqueras, como esa joyita de diputado opositor de Sucre, ahora chavista. Al contrario, estas acciones son motivo de orgullo latino y caribeño.

Dimite el Papa, porque aunque viva en Italia y no sea un corrupto, él es alemán.

Hermann Alvino

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