Con el rabillo del ojo (2/2)


Robert Van Gulik fue un diplomático holandés del siglo pasado que se ocupó de traducir del chino una compilación de relatos del siglo XVIII que contaban la vida y desempeño profesional del juez Dee Goong An, quien vivió entre el año 630 y el 700, en plena dinastía Tang.

La mencionada traducción, titulada Celebrated Cases of Judge Dee nos permite asomarnos al sistema legal chino de hace casi 1500 años, donde desde los inicios de la unificación como imperio, y hasta el establecimiento de la república en 1911, los magistrados de distrito actuaban como detectives y jueces, y además eran responsables de la administración misma del ámbito asignado -que abarcaba entre 80 y 100 km2, superficie que incluía la ciudad, sus murallas, y los campos agrícolas circundantes.

El distrito era la unidad político administrativa básica del imperio, y el magistrado era además responsable del orden público, la recolección de impuestos, del registro de propiedad, junto al resto de funciones públicas, al punto de ser conocido como el “funcionario padre y madre”.

Para hacer Justicia, él tenía plenos poderes locales, y difícilmente estas responsabilidades se le encargaban a alguien tan torpe como para que su negligencia crease descontento y eventuales tumultos, por lo que el cargo era prácticamente vitalicio, o al menos hasta jubilarse, junto a sus asistentes y escribanos, a quienes el magistrado escogía en persona al inicio de su mandato.

La maquinaria judicial se ponía en marcha sea por la denuncia de algún agraviado o por oficio, y dadas las obvias carencias científicas de la criminalogía moderna, el magistrado recurría a sus amplios poderes para arrancarle una confesión al presunto culpable mientras éste permanecía  arrrodillado todo el tiempo ante el tribunal, cuyas sesiones iniciaban con la pompa necesaria, incluyendo empleados que portaban carteles llamando al silencio y compostura de los asistentes.

La Ley autorizaba a utilizar la tortura solo si había una prueba fehaciente de la culpabilidad del imputado, y por otra parte, el juez no podía emitir sentencia condenatoria si el acusado no confesaba su delito, por lo que la tortura, aunque prohibida por no haber dichas pruebas era tolerada para lograr el objetivo…pero con el detalle de que si el atribulado acusado se les moría, y por alguna circunstancia a posteriori saliese a relucir su inocencia, tanto al juez como a todo el personal tribunalicio se les condenaba a muerte…porque después de todo, por más poder que tuviese el magistrado en su ámbito local, éste y toda la estructura pública distrital solo eran una pequeña pieza del inmenso engranaje político administrativo imperial.

Por tanto, los abusos de autoridad que pudieran detectarse eran escrutados en detalle; cada decisión del juez era reportada a una instancia superior -además de anexar los originales que servían de soporte a éstas- de las cuales el magistrado era totalmente responsable. En general los agraviados de supuestos abusos de autoridad podían recurrir a instancias superiores, y a este control se le añadía la figura de los Censores Imperiales, quienes viajaban de incógnito por todo el imperio, estando facultados para arrestar a cualquier funcionario y transladarlo a la capital para someterlo a una rigurosa investigación.

Al igual que los procesos judiciales, que en en todo momento y lugar obviamente se inician con la presencia de un acusado, los relatos policíacos chinos referidos al juez Dee también comenzaban señalando de antemano al culpable del delito, dejando el resto de la historia para navegar por las pruebas y los hechos que reforzaban esa culpabilidad, y éste detalle, de historias de hace 1500 años, revividas hace unos 150 años, es el que nos devuelve al presente, en el cual los jueces chavistas y el TSJ arrancan sus procesos con las sentencias condenatorias y los veredictos constitucionales ya redactados.

Los integrantes de la estructura legal del chavismo seguramente no habrían podido alcanzar su actual rango ni siquiera a ese nivel distrital de la China de entonces, aunque en esta Venezuela ellos sí hayan podido convertirse en dueños y señores de la vida de millones de venezolanos, tomando decisiones injustas a sabiendas, causando un enorme sufrimiento a los condenados sin prueba de culpabilidad, y en última instancia permitiendo que la policía siembre esas pruebas para que sirvan de base a sus deciciones.

Probablemente, tampoco ninguno de ellos podría sobrevivir a investigación alguna dentro de aquel imperio, y terminarían decapitados junto a la legión de chaburros tribunalicios seleccionados por ellos mismos para encompincharse en la injusticia, un personal tan semianalfabeta funcional como muchos de sus jefes,  y tan delincuente y prevaricador como todos ellos.

Y probablemente nuestra sociedad desmemoriada, y con una inmensa capacidad para banalizarlo todo, olvidará los abusos de autoridad y el sufrimiento causado por estos magistrados, a quienes se les pagará su jubilación y se les seguirá tratando como VIP aeroportuarios cuando vuelvan de sus viajecitos a Miami, mientras que en la carrera por el éxito personal en la vida, sus descendientes saldrán con una ventaja que todos olvidaremos que fue mal habida.

Los jueces de cualquier sociedad medianamente civilizada no pueden hacer y deshacer a capricho sin pagar las consecuencias, pero ello dejó de ser así en esta Venezuela, y de allí la paradoja de que tanta impunidad de repende pueda enfrentarse con la desesperación de algún familiar, de algún doliente de esa víctima propiciatoria que el TSJ y los tribunales, a cuenta del amo cubano y para mantener sus privilegios dentro del régimen, humillaron, permitieron su tortura para que le arrancaran los dientes, lo violaran o acuchillaran en esos retenes, donde los amigos de Iris Varela y sus antecesores en el cargo, mandan como verdaderos magistrados de villas carcelarias con tanto o más habitantes que las de aquel distrito del juez Dee.

La desesperación todo lo puede, tanto contra el victimario y los jueces como contra sus familias; y a estas alturas de la impunidad chavista, ésta parece ser la salida más probable aunque nos lleve directamente hacia aquella autorregulación social que caracateriza a los países fallidos, donde con poco dinero se manda a acribillar a alguien de poca monta, pero si se tiene algo más de dinero entonces el blanco de la venganza podría estár más arriba en la jerarquía.

Poco a poco vamos a ello, que no quepa duda alguna.

Hermann Alvino

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