El desacato y la credibilidad de la AN


En un excelente resumen del abogado y profesor José Ignacio Hernández se muestran los escenarios que se generan cuando un funcionario convocado por la Asamblea Nacional para que se apersone -sea para a título de comparecencia o interpelación- se niega a ello. En dicho escrito -que puede leerse en http://goo.gl/gwo6r1– tenemos la perspectiva completa de las atribuciones de la AN en esta materia. El referido análisis también explica la diferencia entre la denominada comparecencia –que versaría sobre temas generales que serían planteados en el encuentro con la AN- y la interpelación –ya enfocada a temas muy específicos.

Al margen del articulado constitucional que así lo establece, el desacato al Poder Legislativo  lo podemos resumir en que todo funcionario, sin excepción, puede ser llamado por la Asamblea a comparecer ante ésta; y por tanto, todo funcionario que sea llamado por ese cuerpo legislativo  tiene el deber de acudir, y eso incluye a la Fiscal General de la República, quien con su negativa a responder preguntas de los diputados nos confirma su infinita soberbia y mitomanía, defecto y patología que la han hecho creer que ella está por encima de cualquier ley y Constitución. Ortega Díaz reafirma una vez más su complicidad con el régimen, y su disposición a hacerle daño a cualquier intento de adecentar los poderes públicos.

En todo caso, ya le tocará su final, y entonces veremos cómo se le podrá juzgar por prevaricación por haber tomado durante muchos años, y a sabiendas, decisiones injustas que le han hecho daño a muchísimas personas decentes.Ya le tocará pues, al igual que a los actuales miembros del TSJ. Todo a su tiempo.

Mientras tanto, sin embargo, tenemos el problema del desacato de esos ministros y presidentes de empresas del Estado que han contribuido a esquilmar al país. Ellos no irán a rendirle cuentas a la AN, porque responden a la obvia estrategia del régimen de ganar tiempo para que la crisis que vive el país comience a salpicar y a comerse el presupuesto político y la credibilidad de la mayoría opositora en la AN.

Resumiendo: la facultad de la AN para exigirle al resto de los poderes públicos el sustrato conceptual y legal en el que se han basado para tomar determinadas decisiones, conlleva la obligatoriedad de acatar cualquier solicitud al respecto. Hay que recordar además, que la Constitución y Ley que cita El Doctor Hernández no son prechavistas, ni responden a una artimaña de la AN en revivir viejas leyes a título de venganza, sino que son parte del marco jurídico concebido y aprobado por el chavismo durante su ciclo en el poder…algo parecido a la misma ley electoral y reglas de juego diseñados por el régimen para perpetuarse en la AN, y que han servido también para defenestrarle esa mayoría.

Pero la negativa de la Fiscal es grave no solamente por el hecho en sí, sino porque al recurrir al argumento de que someterse a un mandato de la AN afectaría la independencia del Poder Ciudadano -una independencia que nadie discute, pero que no debe ser confundida con las atribuciones y limitaciones legales de dicho organismo- en primer lugar está negando su carácter como funcionario del Estado –un cargo cuyo titular ni siquiera puede basar esa independencia alegando que ha sido electo en elección popular, porque su titular es designado por la AN-, y en segundo lugar porque abre la puerta para que el resto de los poderes públicos se niegue a acudir a la AN cuando ésta lo requiera, o sea, se nieguen al control establecido en la Constitución, porque éstos también podrán recurrir a un concepto muy malévolo de independencia para zafarse del control.

Lo grave entonces es que la Fiscal, junto a quienes desacaten a la AN, a sabiendas de la inexistencia de un mecanismo concreto que los obligue a entrar por el aro, pulverizan toda vigencia del Derecho como instrumento pacífico para resolver conflictos, porque ellos saben que las multas o cárcel equivalente -que indica el Profesor Hernández son las penas por este tipo de delito- solo pueden ser concretadas por la actuación del Ejecutivo a través de los respectivos ministerios, y de ser necesario también mediante los cuerpos de seguridad. La AN puede entonces decir lo que le parezca ajustado a derecho, pero si no hay ni un árbitro imparcial para resolver las eventuales discrepancias constitucionales con el Poder Ejecutivo, Ciudadano y Judicial, ni dispone materialmente de instrumentos para la obediencia, entonces la gente comenzará a preguntarse que para qué los eligieron, y más de uno seguramente comenzará a pensar en la necesidad de disponer de un árbitro real –o militar- que le dé un palo a la lámpara.

Por eso es que en el actual escenario de desobediencia que el chavismo se ha planteado como instrumento para este ciclo de gobernanza -o ingobernanza- con el clarísimo objetivo de enredarlo todo a ver qué pasa -con o sin referendo-, es que es fundamental explorar cuáles son las posibilidades reales para que se acate a la AN. Recordemos que después de todo, quienes dirigen la resistencia al cambio para adecentar al país no son los chavistas de Miraflores, porque siendo Maduro tan bruto e ignorante como para concebir una estrategia de este nivel, y Cabello tan unidimensional como para limitarse a ir a lo suyo, en una suerte de interés muy puntual que resuelve su hoy, sin pensar cuál será el obstáculo mañana, los que saben cómo estirar el ciclo de poder hasta el límite son los cubanos mentores de estos títeres.

Este problema, en síntesis, hay que resolverlo de inmediato, para que la AN mantenga esa credibilidad indispensable, la cual se fractura cada vez que se convoca a un funcionario y éste no acude, mientras los cubanos se frotan las manos.

Ramos Allup, en su respuesta al mensaje de Maduro ante la AN, afirmó tener kilometraje, y éste es un lance para comprobar el alcance de esa experiencia.

Hermann Alvino

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Un comentario en “El desacato y la credibilidad de la AN

  1. Pingback: Un barbero muy peligroso | vivalapolitica

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